Respuesta de Cambiemos Palma a la Moción presentada por el Partido Popular al Pleno del Ayuntamiento de Palma del Río, sobre el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE)
Por supuesto votamos no, en mayúsculas y con interjección.
1. Esta moción es ruidosa y con mucho cuento, con falsedades ideológicas, osea, con premeditación y alevosía, cínica y con diseño de catástrofe. Llevan años en esta estrategia política.
Desde que Zapatero se hizo con la presidencia del estado (2004-2011), el PP entró por el gusto por la sobreactuación, se tiró a la calle y se manifestó en muchas ocasiones con la jerarquía eclesiástica, e incluso empresarial? por el matrimonio entre personas del mismo sexo, la reforma educativa y la asignatura Educación para la Ciudadanía, Ley de Memoria Histórica de España etc. Se esmeró en judicializar aun más la política y politizar aún más la justicia, desde una postura claramente partidista y de asalto al poder.
Y perdido el poder y con Casado, en mínimos parlamentarios, a la cabeza en la oposición y con una derecha más fragmentada se retoma la estrategia. Y aquí estamos.
2. Cuando llegó la mayoría absoluta de Rajoy su gobierno, tras condecorar a Zapatero con el collar de la Orden de Isabel la Católica y otorgar otra serie de condecoraciones a los ministros de su último gabinete, ejecutó el mayor destrozo del Estado del Bienestar de la historia española, con durísimos e inclementes recortes en sanidad, educación, investigación, ciencia, cultura, cooperación. Rebajó hasta el hueso los derechos laborales y el subsidio del paro. Hasta el IVA lo aumentó del 18% al 21%, en contra de lo dicho y programado. El IVA cultural español pasó a ser el mayor de la zona euro. Nos dejó la ley mordaza, el deterioro de las pensiones, la corrupción institucional generalizada etc. Eso sí, fue muy aplaudido y querido por las multinacionales, grandes empresas y altísimos empresarios.
Ah, y su Ley de Educación, la de Wert, la Lomce, consensuada con el PP en su mismidad, donde favoreció con dinero público a las confesiones católicas en un país aconfesional, según la Constitución. Con datos oficiales, de 2007 a 2017 el presupuesto de la educación concertada subió un 25% frente al 1,4% de los colegios públicos, y pasó al 17,7% del gasto educativo en su conjunto. Creó la figura de “demanda social”, todo un ingenio para encubiertamente potenciar y financiar plazas en la privada frente a la pública. Además, la ley Wert afirmó, por primera vez, que "no constituye discriminación la admisión de alumnos o alumnas o la organización de la enseñanza diferenciada por sexos" para justificar que se le pudieran otorgar conciertos. En España, actualmente, existen cerca de 90 centros concertados que separan a los niños y las niñas.
3. El PP pierde el poder en la moción de censura de mayo de 2018, y tras dos elecciones donde las urnas pusieron al PP como oposición, Casado, el nuevo presidente, retoma la estrategia de la confrontación, de los bulos y la judicialización de la política, etc etc en un intento de socavar el nuevo gobierno al que considera ilegitimo. Confrontación y guerra sin cuartel por la gestión de la pandemia, del estado de alarma, por los presupuestos, etc y ahora por el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE).
El PP rasgándose las vestiduras, el PP en perpetúa llama, echando al fuego lo que sea menester, la cuestión es marcar la agenda política.
4. En el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE) la ya fragmentada derecha parlamentaria y la derecha extraparlamentaria, la patronal de la educación concertada con la jerarquía eclesiástica y otras asociaciones católicas se lanzan a la lucha por la “libertad”, la “pluralidad” y otras palabras altisonantes.
Pero, ¿por qué?
Pues lo primero, es por defender intereses socioeconómicos, ideológicos y, claro, políticos. Después de las concesiones y privilegios otorgados por los distintos gobiernos del PP a costa del quebranto de lo público pues entra el miedo a perderlos. Así, se decide seguir con la guerra a los “socialcomunistas bolivarianos y demás enemigos” de España que nos gobierna. Así, Casado decide que las comunidades, que tienen las competencias educativas, gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia) torpedeen la 'ley Celaá', aprobada por mayoría absoluta y pendiente de trámite en el Senado. Además del recurso ante el Tribunal Constitucional en cuanto la ley sea publicada en el Boletín Oficial de Estado y dar la batalla en Bruselas, como ha hecho ya con otros asuntos.
Y el PP se suma a los bulos de Vox y de sus simpatizantes. Y nos encontramos, por poner dos ejemplos muy comentados, con el video de Bertín Osborne y con el cura de Yecla (Murcia) que desde su púlpito asegura que el objetivo de la ley Celaá es "matar" a los niños con necesidades especiales.
Pero veamos los bulos que se lanzan por las redes y por los medios afines, sinceramente la mayoría de los grandes periódicos y televisiones privadas y públicas.
Se van a cargar la educación concertada.
Pues, no. Y en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 prevé un aumento de la financiación de la concertada del 5%. No, no se reduce.
Se dice que va a priorizar la educación pública. Y, ¿cómo?. Se dice que:
- Distribuyendo de forma más equitativa al alumnado entre la escuela pública y la privada.
El punto 1 del artículo 84 afirma que "la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales" es un fundamento pero "se dispondrán las medidas necesarias para evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos". Es decir, se intenta impedir que los más favorecidos y acomodados se concentren en la escuela privada sostenida con fondos públicos y los más humildes y desfavorecidos se matriculen en la pública, que reúne al 67% del total del alumnado, con nueve de cada diez alumnos y alumnas procedentes de hogares con la renta más baja. Esta situación fue calificada por la ONU como “un sistema segregado de facto”.
La pública española, que reúne al 67% total del alumnado, tiene a nueve de cada diez alumnos que proceden de hogares con la renta más baja. El asunto ha sido criticado por Relator Especial de las Naciones Unidas, Philip Alston, en febrero de 2020, que calificó nuestro sistema educativo como un "sistema segregado de facto".
- Eliminando la llamada “demanda social”, pues se asegura en su artículo 109 que habrá “oferta suficiente de plazas públicas” y que "las Administraciones educativas promoverán un incremento progresivo de puestos escolares en la red de centros de titularidad pública".
- Priorizando a la escuela mixta, pues insta a concertar "preferentemente" los centros mixtos y con proyectos de coeducación. Pero no prohíbe la escuela que segrega por sexos, (ay, aquellos tiempos del franquismo) a la que denomina “educación diferenciada", pero para mantener el concierto deberán justificar previamente cómo fomentan la igualdad entre hombres y mujeres. Y esto como se come?
- Poniendo fin a las cuotas irregulares.
Según un informe realizado por la patronal de centros privados con la asociación de El 90% de los colegios concertados cobran cuotas irregulares a las familias. Y en el 89% de los casos no son cuotas voluntarias, debido a la cantidad de consecuencias que conlleva no pagarlas. Un informe realizado por la patronal de centros privados CICAE junto a la asociación de familias CEAPA denuncia que el pago no es voluntario y que si una familia se niega su hijo será excluido de ciertas actividades: se paga 255 euros de media en Catalunya y 110 en Madrid y 100 País Vasco.
La Lomloe prohíbe introducir actividades complementarias, que no son obligatorias, dentro del horario lectivo y obliga a las administraciones educativas, osease a las comunidades, a controlar que no se paguen estas cuotas.
- Prohibiendo ceder suelo a la concertada.
No entremos en demasía en este asunto, sólo recordemos que el sr. Francisco Granados, estuvo preso entre otras cosas por cobrar comisiones en la construcción de estos centros a los que cedía suelo público.
Valores contra Religión.
Se grita que la ley Celaá apuesta por un modelo "laico". Pues, no. La Religión continúa presente en las aulas. Hay un cambio, sí, se establece que la Religión tendrá nota, pero no contará para el expediente académico, cosa que introdujo la ley Wert, y por tanto tampoco para becas. Seguirá siendo como hasta ahora una asignatura de oferta obligatoria por parte de los centros y de realización optativa para el alumnado. Además, se elimina la obligación de cursar una asignatura espejo o alternativa en caso de no elegirla.
Se critica que "uno de los objetivos tradicionales de los Gobierno de izquierdas es su opción por el laicismo activo (...) y lo quieren aplicar incluso en los centros que no son de su titularidad", se olvidan que el Gobierno también financia esos centros, sean o no de su titularidad.
El castellano, para la derecha el español, se va difuminar.
“ Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable". El castellano no deje de ser lengua vehicular y no se acaba con el derecho del alumnado a "poder ser educados en español". "la única ley educativa que hace una mención específica al castellano como lengua vehicular es la Lomce". Se acuerdan de aquellas palabras de que “hay que españolizar a los niños catalanes”.
Los colegios especiales desaparecerán.
“Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna [...]. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, [...] los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios".
Recordemos que la ONU nos ha advertido que hay "segregación y exclusión" respecto a los alumnos con discapacidad por no cumplir con lo dispuesto en la convención internacional. Hace tres años, el Tribunal Supremo estableció que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo ordinario.
La ley Celaá "acaba con la cultura del esfuerzo" al permitir al alumnado pasar de curso con asignaturas suspensas.
En su artículo 28 se dice:
“Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro, dentro de la etapa, serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente atendiendo a la consecución de los objetivos, al grado de adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que favorezcan el progreso del alumno o alumna. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, los alumnos y alumnas promocionarán de curso cuando hayan alcanzado los objetivos de las materias o ámbitos cursados o tengan evaluación negativa en dos materias como máximo. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción de un alumno o alumna cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas le permita seguir con éxito el curso siguiente, se considere que tiene expectativas favorables de recuperación y que dicha promoción beneficiará su evolución académica".
No se acaba con esa cultura del esfuerzo que en el fondo es una trampa ideológica del neoliberalismo y que oculta que la desigualdad social de partida cuando se accede a la escuela determina en gran medida el futuro, y que no existe en realidad la igualdad de oportunidades, sino una falsa meritocracia en la que suelen perder los mismos, porque parten de posiciones de desventaja que el sistema no logra superar.
La pobreza y la desigualdad son hoy mayores que hace once años, cuando comenzó la crisis económica de 2008 (informe de Intermon Oxfam “Desigualdad 1 – Igualdad de oportunidades 0: la inmovilidad social y la condena de la pobreza”, enero 2019).
Según el Informe PISA 2018, España es el cuarto país de los 37 de la OCDE con la tasa más alta de alumnos repetidores, un 28,7% frente al 11,4% de media.
Y según el INE “en el año 2019 en España el abandono temprano de la educación-formación alcanza la cifra de 21,4% para los hombres y 13,0% para las mujeres (…)
En el año 2019 la cifra de abandono temprano de la educación-formación en España para los hombres es la más alta de todos los países de la UE y casi duplica la cifra de la UE-28 (11,9%).
En las mujeres, la cifra de España (13,0%) para el año 2019 también es más alta que la cifra de la UE-28 (8,6%), correspondiendo también a España uno de los valores más altos de abandono temprano de la educación-formación, solo superado por Bulgaria (13,3%), Malta (14,8%) y Rumanía (15,8%)”. Esto está meridianamente claro favorece la desigualdad. Según un informe de Save the Children, en España los más pobres repiten cuatro veces más que los que tienen más recursos.
5. Y aquí llegamos al final. Tanto ruido y furia no nos ha dejado debatir y valorar con tranquilidad y profundidad este proyecto hecho por políticos y sin la comunidad educativa.
Aunque la ley Celáa quiere derogar los aspectos más perniciosos y revertir en parte los desmanes y atropellos de la ley Wert no deja de ser una Ley tibia, poco valiente, ambigua y siempre mirando al mercado. Continua el modelo educativo neoliberal y desigual, que tiende a convertir la educación en un negocio, transfiriendo recursos públicos a intereses privados, como ya hemos anotado. Se seguirá segregando por sexos, se sigue con los conciertos de privilegio con la iglesia católica, y el presupuesto público de las escuelas concertadas seguirá dependiendo de los gobiernos autonómicos, de los que la mayoría son claramente proconcertada y sobre todo con la consigna de torpedear esta ley en los casos de los gobernados por el PP y sus aliados, Madrid a la cabeza, País Vasco (PNV) y Catalunya (JxCat).
.- No se ataca de manera solvente la problemática de las repeticiones y el abandono escolar.
.- No se contemplan cambios en el acceso a la función docente, en la selección del profesorado, ni se favorece la estabilización de interinos (entre un 30 y un 40% de la plantilla).
.- No se comenta los recursos que se van a necesitar ni a dónde van a parar… no se habla de más inversión, más profesorado, más medios didácticos, más personal complementario a la labor docente, mejores instalaciones, etc. Solo en una disposición final aparece el compromiso de extender en el plazo de dos años el gasto educativo a, como mínimo, el 5% del PIB, frente al 4,3% actual. La media europea se sitúa en el 6%. Poco para las carencias del sistema educativo español.
A pesar de las enseñanzas aportadas por esta pandemia global que estamos sufriendo y que tendríamos que tener en cuenta desde la previsión y programación, esta ley no trae cambios en las metodologías, en el currículum, en la evaluación. No dota de más recursos a la educación inclusiva, ni se vislumbra una bajada de las ratios que permita implantar nuevas prácticas educativas en las aulas. Ni, por supuesto, se profundiza en la gestión democrática de los centros por la comunidad educativa.
En conclusión, esta ley no está en la defensa de una educación atrayente, comprensiva y que desde la ciencia y las humanidades se forme ciudadanos y ciudadanas críticos, comprometidos y participativos, una educación que no tenga como guía rectora el éxito y mérito y las necesidades de cualificación de trabajo y consumo de un sistema capitalista, que va descualificando, jornalerizando, excluyendo y tecnificando el trabajo, y entrando en una espiral de consumo inasumible desde la perspectiva ecológica y de supervivencia humana.
Es lo que creemos, aunque nos digan que si con “esto” se han puesto así con “algo más progresista” qué montarían.
